Casas y chalets en MELILLA

La primera promoción de la empresa en la ciudad autónoma supondrá una inversión de unos 20 millones de euros

La empresa andaluza Dolmen Consulting Inmobiliario, líder en el sector de viviendas de protección oficial, penetra en Ceuta para desarrollar una promoción de 211 VPO. Esta operación se enmarca dentro de la política de expansión territorial de la empresa. La primera promoción de Dolmen en la ciudad autónoma supondrá una inversión de unos 20 millones de euros.

Las viviendas protegidas se desarrollarán sobre suelos públicos adjudicados a la promotora Vial Inmuebles de Dolmen mediante un concurso convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta, S.A. (EMVICESA). Las parcelas adjudicadas, correspondientes al PERI Huerta Téllez y que suman un total de unos 5.000m2, corresponden a suelo finalista urbanizado.

Según los proyectos preliminares, los pisos que desarrollará Dolmen oscilarán entre los 70 y los 81m2 útiles. La mayoría serán de 3 dormitorios, aunque también habrá algunas viviendas de 2 y 4 dormitorios. Está previsto que las obras de construcción comiencen en la primavera de 2007 y concluyan a finales de 2008.

La nueva operación de Ceuta, fruto del interés de Dolmen por incrementar la oferta de vivienda protegida en la ciudad autónoma, se suma a las promociones que la empresa ya tiene en marcha en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Dolmen es una empresa especializada en VPO que abarca todos los pasos del proceso inmobiliario: localización y adquisición del suelo, proyecto de construcción y dirección de obra, gestión de subvenciones oficiales, ejecución, conclusión de las promociones, comercialización y servicio postventa. La firma, con unas 5.100 viviendas en construcción y unas 7.500 en gestión, tiene delegaciones en Sevilla, Granada, Málaga, Barcelona, Madrid y Valencia.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha elaborado en Ceuta un documento con 101 medidas para los jóvenes que entregará a los partidos políticos para que las incluyan en sus programas electorales de las elecciones municipales de 2007.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, instó a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a presentar "directamente" sus propuestas en materia de vivienda a su departamento para que no se pierdan y vayan a otras autonomías las ayudas que no gestione el Consell. Afirmó que "donde no llega o no quiere llegar la comunidad autónoma", puede llegar "el Gobierno de España a través del Ministerio de Vivienda".

Un total de 108 familias inmigrantes de 31 nacionalidades diferentes han podido acceder a una vivienda en régimen de alquiler desde que el Ivvsa puso en marcha la Agencia Valenciana de Alquiler en julio de 2004.

Esta cifra representa el 15 por ciento de los contratos suscritos gracias a la mediación de esta entidad, que desde su apertura ha cerrado 675 contratos de alquiler de inmuebles en la Comunitat, informaron este lunes fuentes de la Generalitat.

Al respecto, el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, aseguró este lunes que "el alquiler es una buena opción para las familias inmigrantes que llegan a nuestra Comunitat con la intención de labrarse un futuro aquí e integrarse en la sociedad valenciana, por lo que la voluntad del Consell es poner a disposición de este colectivo todos los recursos a su alcance para facilitarles el acceso a una vivienda y ayudarles en su proceso de integración".

En este sentido, Blasco recordó que "los resultados alcanzados por la Agencia Valenciana de Alquiler ponen de manifiesto la buena acogida y trabajo que esta Agencia ha tenido, y en el caso particular de las familias inmigrantes les ofrece la posibilidad de acceder a una vivienda digna mientras mejoran sus condiciones laborales y económicas que les permitan adquirir una vivienda en propiedad más adelante".

Los datos de la Agencia Valenciana de Alquiler "confirman el esfuerzo realizado por la conselleria de Territorio y Vivienda para facilitar el acceso a la vivienda a las familias que provienen de fuera y que acuden a nuestra Comunitat en busca de trabajo y futuro", según las citadas fuentes.

Así, las familias de origen rumano y ecuatoriano son las nacionalidades que más contratos de alquiler han suscrito, con un total de 15 y 14 firmas, respectivamente. Les siguen las familias inmigrantes procedentes de Argelia, Colombia y Marruecos.

Según los datos elaborados por la Agencia Valenciana de Alquiler, los arrendatarios inmigrantes provienen de casi cualquier parte del mundo, desde países cercanos como Francia, Inglaterra o Italia, hasta familias búlgaras, armenias, albanesas, ucranianas o paraguayas. En total, en la relación de contratos firmados con inmigrantes en la Comunitat Valenciana figuran arrendatarios de 31 nacionalidades diferentes.

De esta forma, la iniciativa del Consell de poner en marcha la Agencia Valenciana de Alquiler "permite a las familias con menores recursos económicos y con mayor predisposición para mover su residencia por cuestión de trabajo, el acceder a una vivienda en régimen de alquiler con un precio por debajo del que establece el mercado inmobiliario", concluyeron las citadas fuentes.

Como afirmó Juan José Imbroda el departamento de Trujillo no ha realizado inversión alguna en Melilla
La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo insiste en la única razón aducida por el departamento para explicar cómo del presupuesto destinado a casas nuevas en 2005, sólo se ha empleado el 31,3 por ciento al cierre del anterior ejercicio económico: “burocracia y retraso de algunas comunidades”, entre las que se encuentra, cómo no, Melilla.

Antes fue el desacuerdo manifiesto a la firma del convenio con la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) lo que motivó esta descoordinación entre Estado o Gobierno y comunidades. Ahora es que las administraciones locales, la melillense entre otras siete, no han “aprobado los reglamentos que desarrollan la norma general”.

La justificación para Madrid, las dos Castillas, Canarias, Murcia y Ceuta podría servir. No así para Melilla cuyos responsables autonómicos no cesan de pedir la firma del tercer convenio de viviendas a la Administración Central del Estado. Peor es lo de Ceuta porque, a pesar de que Juan Vivas no ha tenido inconveniente en adherirse al SPA, el actual Gobierno no ha levantado un pilar en la ciudad caballa.

El propio Ministerio de la Vivienda, a la hora del cálculo de ejecuciones y reserva de eficacia en los proyectos de construcción de casas nuevas en todo el país, no tiene inconveniente en reconocer que en Melilla “no se ha ejecutado ni una sola vivienda”, según el portal digital Consumer.es, hecho que viene a confirmar una afirmación que lleva la firma de Juan José Imbroda: “no hay ni una sola certificación de obras del Gobierno socialista”.

Vivienda habla del 'reglamento que desarrolla la norma general' pero en Melilla ¿cuál es la norma y cuál el reglamento?. Se supone que el Gobierno autonómico melillense debería acompasar su reglamentación legal -las ordenanzas- a lo contemplado en el Plan de Viviendas 2005-2008, pero es que el precedente inmediato es el Convenio de Viviendas Melilla-Estado que es anterior y que, por instrumental aplicación del Derecho Consuetudinario, viene a ser lo mismo que la norma que arguye Trujillo.

El PP criticó ayer que el Gobierno haya supeditado "sólo en Melilla" la firma de un tercer convenio en materia de vivienda a la adhesión de la Ciudad Autónoma a la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y consideró que ambas actuaciones "tienen objetos completamente diferentes".

La secretaria regional del PP melillense, María del Carmen Dueñas, señaló en rueda de prensa que ni en el Plan Nacional de la Vivienda ni en la reglamentación que rige la SPA consta la obligatoriedad de adherirse a ésta "tal y como dicen el PSOE y el delegado del Gobierno", José Fernández Chacón.

Unas declaraciones que, a su juicio, "demuestran el poco talante y compromiso" del Ejecutivo socialista con la Ciudad Autónoma.

Recordó que el pasado 9 de enero, con ocasión de su visita a Melilla, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunció la suscripción de un tercer convenio de vivienda entre la Ciudad y el Gobierno en un mes, "pero dos meses después no está firmado, y ya venía con un importante retraso de dos años".

Dueñas indicó que son muy pocas comunidades autónomas las que se han adherido a la Sociedad de Alquiler, "y en ninguna se ha producido la situación de supeditarlo al convenio de alquiler": Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Asturias.

"Si este es el compromiso del PSOE con Melilla, vamos listos", censuró la dirigente del PP, quien sostuvo que la SPA es un órgano "de dudosa eficacia", toda vez que "sólo ha movilizado el 0,1 por ciento de las viviendas desocupadas en España".

Sobre la adhesión de Ceuta a la citada Sociedad, opinó que la otra Ciudad Autónoma "puede hacer lo que estime oportuno".

Además, se refirió a la "última ocurrencia" de Trujillo, el portal en Internet de búsqueda de vivienda "kelifinder", que incluye una campaña publicitaria por la que se repartirán 10.000 zapatillas a jóvenes con las que "andar por toda la ciudad" para buscar vivienda en alquiler.

"Los jóvenes quieren viviendas, no zapatillas", ironizó Dueñas.

El acceso a una vivienda digna es uno de los asuntos que más preocupa a los ceutíes. El precio de la misma se ha disparado en los últimos años, lo que ha obligado a muchos ciudadanos a optar por las viviendas protegidas.

Según datos facilitados por la Empresa Municipal de Vivienda de Ceuta (Emvicesa) actualmente hay unas 2.000 personas esperando una VPO. Es por ello por lo que la denuncia del PSOE que advertía que algunas personas tenían hasta dos viviendas protegidas ha causado un profundo malestar entre los que llevan años esperando que les llegue su turno. Francisco Márquez, gerente de la empresa, asegura que no se puede hablar de una lista de espera propiamente dicha ya que el proceso de adjudicación de VPO no contempla esa posibilidad.

Sí existe una base de datos de demandatarios y es la Comisión Local de Vivienda la que establece los requisitos de adjudicación de cada promoción. Cuando se ofertan las viviendas dicha comisión barema y se adjudican las viviendas atendiendo a unos requisitos determinados.

La norma varía en cada promoción de vivienda y se establecen entonces unos máximos y unos mínimos. Además, tras la adjudicación de una VPO, se realiza un seguimiento y se vigila para evitar que se ponga a la venta. Según Francisco Márquez, gerente de Emvicesa, la próxima promoción de viviendas que se entregará será la de Villajovita. El proyecto de 60 VPO de promoción pública fue adjudicado en su momento a la de empresa Corsán-Corviam Construcción.

El Gobierno destinará a Ceuta, gracias al acuerdo sobre el Plan de Vivienda 2005-2008, un total de 6,5 millones de euros para que 815 familias puedan acceder a una familia. Ello supone un incremento del 32,67 por ciento respecto al antiguo Plan de Vivienda. Este fue el acuerdo al que llegaron la Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, hace poco más de un mes.

Posteriormente la Ciudad ofreció terreno al Ministerio para la construcción de otras 400 viviendas. La propuesta, presentada hace escasas fechas en Madrid por el gerente de Emvicesa, pasaba por liberar suelo en Huerta Téllez, Loma Colmenar y Benzú que tendría capacidad para levantar esos más de cuatro centenares de viviendas de protección oficial. La cifra a la que tienen que hacer frente ceutíes es 869,7 euros por metro cuadrado, casi 1.000 euros menos de lo que cuesta en el mercado libre una vivienda de nueva construcción (1.821,4 euros) y 566,8 euros menos de lo que vale una de segunda mano (1.436,5).

La promotora inmobiliaria Grupo Lar y los fondos inmobiliarios Morgan Stanley Real State compraron conjuntamente el centro comercial "Parque Ceuta", por 21,6 millones de euros, confirmado ambas entidades en un comunicado.

La operación de compra se cerró el pasado mes y los nuevos dueños del complejo comercial señalaron que la gestión del complejo recaerá en Gestalia, una compañía creada de forma conjunta por Grupo Lar y Eroski en 2001 para la consultoría, gestión y comercialización de centros comerciales en España.

El centro comercial de la ciudad era propiedad de un grupo inversor formado por varias compañías locales y andaluzas así como por la entidad financiera Cajamar.

El centro tiene una superficie construida de 26.291 metros cuadrados, de los que 13.786 corresponden a espacio alquilable, además de contar con 625 plazas de aparcamiento que completan la superficie.

Desde su inauguración en el año 2002 se ha ido consolidando como uno de los principales polos de atracción del comercio ceutí y en la actualidad ofrece 7.000 metros cuadrados de hipermercado, además de tiendas de moda de reconocidas marcas, complementos, decoración, muebles y informática, entre otros.

La visita que la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, realizará la mañana del lunes a Melilla, coincide con el negativo balance que desde el Partido Popular (PP) hacen de los primeros meses de funcionamiento de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). En opinión del diputado popular por Melilla, Antonio Gutiérrez, este organismo ha sido “un auténtico fracaso” porque “es un despilfarro que no ha puesto fin a la carencia de viviendas”.

Como “un auténtico fracaso”. Así calificó ayer el diputado del Partido Popular (PP) por Melilla, Antonio Gutiérrez, la puesta en funcionamiento de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), uno de los proyectos más ambiciosos que la ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo, tenía en cartera para esta legislatura.

La teoría de los populares es, según explicó Gutiérrez, que este organismo supone “un despilfarro” que “no soluciona las carencias de viviendas” existentes tanto en Melilla como en otras regiones españolas. De este modo, el diputado quiso justificar el voto en contra que el PP siempre ha otorgado a cualquier cuestión relacionada con la Sociedad Pública de Alquiler, que empezó a dar sus primeros pasos en abril del pasado año, y que para el PP “sólo ha sido una medida para encandilar a los jóvenes”.

Para el parlamentario melillense, las claves de este “fracaso” se encuentran en que la SPA “nació débil, sin ninguna experiencia y dentro de un programa electoral que ni siquiera el Partido Socialista (PSOE) tenía capacidad para hacerlo cumplir en su totalidad”. Las condiciones de arrendamiento para los propietarios de las viviendas y “la falta de iniciativas” para el abaratamiento de las viviendas son otros factores que para Gutiérrez han sido determinantes en “los malos resultados” de la SPA.
“Las medidas del Ministerio de Vivienda son contradictorias con el repunte de las hipotecas y de la inflación”, espetó Gutiérrez, a quien dijo no convencerle los argumentos de Trujillo. Además, recordó que esta ministra “es la peor valorada de todo el Gobierno socialista con un suspenso permanente desde que inició su gestión”.

Por esta razón, comentó que desde los escaños del PP “echamos de menos un Plan Nacional de Vivienda efectivo, convenios del Gobierno central con las distintas autonomías y proyectos nuevos sobre la mesa que supongan una labor continuista de la política de vivienda que llevó a cabo el PP”.

En opinión del diputado, estas iniciativas “podrían haber evitado un organismo que ni siquiera sus responsables saben cómo está funcionando”, ya que según denunció, el Ministerio de Vivienda todavía no ha proporcionado datos sobre los primeros meses que lleva en marcha la SPA.

Así, Gutiérrez reprochó que durante la comparecencia en el Congreso del presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, Javier Rodríguez Mañas, éste se negara a facilitar datos sobre el número de contratos de arrendamiento firmados a través de la entidad. “Nos dijo que no tenía datos objetivos todavía, que aún quedaba mucho por hacer y que las cifras no son significativas por el momento”, recordó Gutiérrez, quien entendió que “cuando no nos da una respuesta, podemos dar por hecho que la SPA ha sido un fracaso”.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta considera 'insignificantes' las subvenciones estatales a inquilinos y arrendadores, por lo que ha decidido exigir al Gobierno más ayudas para el alquiler de viviendas.

En declaraciones a los periodistas, la consejera de Fomento y portavoz del Ejecutivo ceutí, Elena Sánchez (PP), afirmó que han previsto pedir al Estado que revise sus políticas de ayudas a los alquileres de viviendas.

Sánchez aseguró que las últimas subvenciones previstas para 2004 por el Ministerio "eran tan insignificantes que preferimos canalizar dichas ayudas a través de las partidas dispuestas por la Ciudad en vez de modificar el reglamento para que pudiera registrar este tipo de financiaciones".

El Gobierno ceutí asegura que las subvenciones al alquiler son de 350.000 euros mientras que la partida del Gobierno de la Nación para la autonomía de Ceuta no llegaban a los 140.000 euros.

La intención del Ejecutivo de Ceuta es que estas ayudas al menos se tripliquen.