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La inversión entre los años 2008 y 2012 asciende a 43,3 millones de euros. Todas las viviendas irán destinadas al arrendamiento y el 50% de las mismas serán de alquiler de renta básica a diez años con opción a compra
SEPES será la encargada de la construcción de estas viviendas. Los trámites de edificación comenzarán cuando la Ciudad Autónoma realice la cesión de terrenos
• De enero a junio de 2008 se ha incluido la cláusula arbitral en un total de 37.609 contratos de arrendamientos urbanos.
• El convenio arbitral de AEADE consolida su baja conflictividad en el alquiler en un 0.3% muy por debajo del 2% cuando no hay arbitraje de AEADE.
AEADE presenta sus resultados de Arbitraje en Arrendamientos Urbanos correspondientes al primer semestre de 2008 que indican que su arbitraje se ha consolidado como la herramienta más eficaz de garantía y seguridad del alquiler en España, además de un excelente mecanismo de fomento de este sector.
Estos resultados reflejan que hasta junio de 2008 un total de 153.477 propietarios e inquilinos han incluido el convenio arbitral de AEADE en sus contratos de arrendamiento. AEADE prevé que en 2008 la cifra llegue a 75.000 nuevos contratos, un 35 por ciento más que el año anterior, que supondrían un total de 190.868 contratos hasta finales de año.
Las razones del fuerte crecimiento del arbitraje en arrendamientos urbanos de AEADE son, en primer lugar, la importante expansión que está experimentando el mercado del alquiler, la apuesta cada vez mayor de las Administraciones Públicas por el arbitraje de la asociación, la gestión en alquiler de Viviendas de Protección Oficial así como el acceso cada vez más generalizado de los particulares al arbitraje a través de los profesionales inmobiliarios y estancos.
Los resultados de AEADE se distribuyen por Comunidades Autónomas, por el número de profesionales inmobiliarios que recomiendan el arbitraje de AEADE en arrendamientos urbanos y su evolución en los últimos años, así como el índice de conflictividad y sus causas.
Distribución por Comunidades Autónomas: Madrid lidera el ranking por Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas que lideran el ranking del arbitraje en arrendamientos urbanos de AEADE hasta finales de junio de 2008 son: Comunidad de Madrid, con un total de 9.900 contratos que representan el 26,3 por ciento del total; seguida por Comunidad Valenciana, con 6858 contratos y el 18,2 por ciento, que sube 6,5 puntos con respecto al año anterior; Andalucía, con 6284 contratos y el 17,6 por ciento y el País Vasco, con 5829 contratos y el 15,5 por ciento. En quinto lugar se sitúa Cataluña, con 2860 contratos lo que representa el 7,6 por ciento. El resto de Comunidades Autónomas mantienen un crecimiento constante con respecto al año anterior.
“Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía se han convertido en las auténticas locomotoras del mercado del alquiler en España. Aunque el crecimiento también se ha percibido en el resto del país de forma muy relevante”, indica el Secretario General de AEADE.
El papel de los profesionales inmobiliarios
Respecto al número de profesionales inmobiliarios que utilizan o recomiendan el arbitraje en arrendamientos urbanos de AEADE asciende a 5.317. La distribución de dichos profesionales por Comunidades Autónomas es similar al reparto del número de contratos; el primer puesto lo ocupa la Comunidad de Madrid, con 1.450 agencias que representan el 27,27 por ciento; seguida de la Comunidad Valenciana, con 786 y el 14,7 por ciento y Andalucía con 594 y el 11 por ciento.
El número de agencias se ha reducido considerablemente debido a la multitud de cierres de oficinas que se ha experimentando en los últimos meses, aunque el volumen de contratos haya seguido creciendo. La razón se debe a que son menos redes inmobiliarias, pero con mayor dedicación al alquiler, según explica el Secretario Genera de AEADE. “Las agencias que recomiendan el arbitraje de AEADE en arrendamientos urbanos son las que históricamente se han dedicado a este mercado y cada vez están obteniendo mejores resultados, así como aquellas que están dando una mayor importancia al alquiler debido a la coyuntura del mercado y la ralentización de la venta”, finaliza Javier Íscar de Hoyos.
La conflictividad y sus causas.
La conflictividad en arbitraje alcanza el 0,3 por ciento, según los datos de AEADE y las causas permanecen constantes con respecto al año anterior. El 90% de los conflictos se deben al impago de las rentas.
La parte que más solicita el arbitraje es, el propietario, con el 92 por ciento. El 8 por ciento restante corresponde al inquilino. La mayor parte de los procedimientos arbitrales instados por los propietarios son impagos, 93 por ciento, subarriendo o cesión inconsentida, 3 por ciento y resolución del contrato por otras causas, 2 por ciento. En el caso de los procedimientos arbitrales instados por el inquilino, la mayoría, el 91 por ciento, se debe a la reparación y conservación de la vivienda, seguido por la devolución de la fianza con el 4 por ciento.
El arbitraje fomenta el acuerdo
En los procedimientos por impagos de rentas en el 50 por cierto de los casos, las partes llegan a un acuerdo por entrega de llaves o abono de las rentas debidas.
Estos resultados también reflejan un importante poder tanto preventivo del arbitraje. Pues mientras el desalojo forzoso con arbitraje se produce en un 50 por ciento de los casos, sin arbitraje llega hasta el 80 por ciento. Otro ejemplo es que la consignación de la renta o acuerdo con arbitraje se logra en el 40 por ciento de los casos y sin arbitraje sólo en el 10 por ciento.
El arbitraje es un sistema de resolución de conflictos entre dos o más partes, en las que un tercero denominado arbitro, dicta un Laudo – sentencia firme- de obligado cumplimiento en un plazo de 25 días.
La primera promoción de la empresa en la ciudad autónoma supondrá una inversión de unos 20 millones de euros
La empresa andaluza Dolmen Consulting Inmobiliario, líder en el sector de viviendas de protección oficial, penetra en Ceuta para desarrollar una promoción de 211 VPO. Esta operación se enmarca dentro de la política de expansión territorial de la empresa. La primera promoción de Dolmen en la ciudad autónoma supondrá una inversión de unos 20 millones de euros.
Las viviendas protegidas se desarrollarán sobre suelos públicos adjudicados a la promotora Vial Inmuebles de Dolmen mediante un concurso convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta, S.A. (EMVICESA). Las parcelas adjudicadas, correspondientes al PERI Huerta Téllez y que suman un total de unos 5.000m2, corresponden a suelo finalista urbanizado.
Según los proyectos preliminares, los pisos que desarrollará Dolmen oscilarán entre los 70 y los 81m2 útiles. La mayoría serán de 3 dormitorios, aunque también habrá algunas viviendas de 2 y 4 dormitorios. Está previsto que las obras de construcción comiencen en la primavera de 2007 y concluyan a finales de 2008.
La nueva operación de Ceuta, fruto del interés de Dolmen por incrementar la oferta de vivienda protegida en la ciudad autónoma, se suma a las promociones que la empresa ya tiene en marcha en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Dolmen es una empresa especializada en VPO que abarca todos los pasos del proceso inmobiliario: localización y adquisición del suelo, proyecto de construcción y dirección de obra, gestión de subvenciones oficiales, ejecución, conclusión de las promociones, comercialización y servicio postventa. La firma, con unas 5.100 viviendas en construcción y unas 7.500 en gestión, tiene delegaciones en Sevilla, Granada, Málaga, Barcelona, Madrid y Valencia.
El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha elaborado en Ceuta un documento con 101 medidas para los jóvenes que entregará a los partidos políticos para que las incluyan en sus programas electorales de las elecciones municipales de 2007.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, instó a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a presentar "directamente" sus propuestas en materia de vivienda a su departamento para que no se pierdan y vayan a otras autonomías las ayudas que no gestione el Consell. Afirmó que "donde no llega o no quiere llegar la comunidad autónoma", puede llegar "el Gobierno de España a través del Ministerio de Vivienda".
Un total de 108 familias inmigrantes de 31 nacionalidades diferentes han podido acceder a una vivienda en régimen de alquiler desde que el Ivvsa puso en marcha la Agencia Valenciana de Alquiler en julio de 2004.
Esta cifra representa el 15 por ciento de los contratos suscritos gracias a la mediación de esta entidad, que desde su apertura ha cerrado 675 contratos de alquiler de inmuebles en la Comunitat, informaron este lunes fuentes de la Generalitat.
Al respecto, el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, aseguró este lunes que "el alquiler es una buena opción para las familias inmigrantes que llegan a nuestra Comunitat con la intención de labrarse un futuro aquí e integrarse en la sociedad valenciana, por lo que la voluntad del Consell es poner a disposición de este colectivo todos los recursos a su alcance para facilitarles el acceso a una vivienda y ayudarles en su proceso de integración".
En este sentido, Blasco recordó que "los resultados alcanzados por la Agencia Valenciana de Alquiler ponen de manifiesto la buena acogida y trabajo que esta Agencia ha tenido, y en el caso particular de las familias inmigrantes les ofrece la posibilidad de acceder a una vivienda digna mientras mejoran sus condiciones laborales y económicas que les permitan adquirir una vivienda en propiedad más adelante".
Los datos de la Agencia Valenciana de Alquiler "confirman el esfuerzo realizado por la conselleria de Territorio y Vivienda para facilitar el acceso a la vivienda a las familias que provienen de fuera y que acuden a nuestra Comunitat en busca de trabajo y futuro", según las citadas fuentes.
Así, las familias de origen rumano y ecuatoriano son las nacionalidades que más contratos de alquiler han suscrito, con un total de 15 y 14 firmas, respectivamente. Les siguen las familias inmigrantes procedentes de Argelia, Colombia y Marruecos.
Según los datos elaborados por la Agencia Valenciana de Alquiler, los arrendatarios inmigrantes provienen de casi cualquier parte del mundo, desde países cercanos como Francia, Inglaterra o Italia, hasta familias búlgaras, armenias, albanesas, ucranianas o paraguayas. En total, en la relación de contratos firmados con inmigrantes en la Comunitat Valenciana figuran arrendatarios de 31 nacionalidades diferentes.
De esta forma, la iniciativa del Consell de poner en marcha la Agencia Valenciana de Alquiler "permite a las familias con menores recursos económicos y con mayor predisposición para mover su residencia por cuestión de trabajo, el acceder a una vivienda en régimen de alquiler con un precio por debajo del que establece el mercado inmobiliario", concluyeron las citadas fuentes.
Como afirmó Juan José Imbroda el departamento de Trujillo no ha realizado inversión alguna en Melilla
La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo insiste en la única razón aducida por el departamento para explicar cómo del presupuesto destinado a casas nuevas en 2005, sólo se ha empleado el 31,3 por ciento al cierre del anterior ejercicio económico: “burocracia y retraso de algunas comunidades”, entre las que se encuentra, cómo no, Melilla.
Antes fue el desacuerdo manifiesto a la firma del convenio con la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) lo que motivó esta descoordinación entre Estado o Gobierno y comunidades. Ahora es que las administraciones locales, la melillense entre otras siete, no han “aprobado los reglamentos que desarrollan la norma general”.
La justificación para Madrid, las dos Castillas, Canarias, Murcia y Ceuta podría servir. No así para Melilla cuyos responsables autonómicos no cesan de pedir la firma del tercer convenio de viviendas a la Administración Central del Estado. Peor es lo de Ceuta porque, a pesar de que Juan Vivas no ha tenido inconveniente en adherirse al SPA, el actual Gobierno no ha levantado un pilar en la ciudad caballa.
El propio Ministerio de la Vivienda, a la hora del cálculo de ejecuciones y reserva de eficacia en los proyectos de construcción de casas nuevas en todo el país, no tiene inconveniente en reconocer que en Melilla “no se ha ejecutado ni una sola vivienda”, según el portal digital Consumer.es, hecho que viene a confirmar una afirmación que lleva la firma de Juan José Imbroda: “no hay ni una sola certificación de obras del Gobierno socialista”.
Vivienda habla del 'reglamento que desarrolla la norma general' pero en Melilla ¿cuál es la norma y cuál el reglamento?. Se supone que el Gobierno autonómico melillense debería acompasar su reglamentación legal -las ordenanzas- a lo contemplado en el Plan de Viviendas 2005-2008, pero es que el precedente inmediato es el Convenio de Viviendas Melilla-Estado que es anterior y que, por instrumental aplicación del Derecho Consuetudinario, viene a ser lo mismo que la norma que arguye Trujillo.
El PP criticó ayer que el Gobierno haya supeditado "sólo en Melilla" la firma de un tercer convenio en materia de vivienda a la adhesión de la Ciudad Autónoma a la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y consideró que ambas actuaciones "tienen objetos completamente diferentes".
La secretaria regional del PP melillense, María del Carmen Dueñas, señaló en rueda de prensa que ni en el Plan Nacional de la Vivienda ni en la reglamentación que rige la SPA consta la obligatoriedad de adherirse a ésta "tal y como dicen el PSOE y el delegado del Gobierno", José Fernández Chacón.
Unas declaraciones que, a su juicio, "demuestran el poco talante y compromiso" del Ejecutivo socialista con la Ciudad Autónoma.
Recordó que el pasado 9 de enero, con ocasión de su visita a Melilla, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunció la suscripción de un tercer convenio de vivienda entre la Ciudad y el Gobierno en un mes, "pero dos meses después no está firmado, y ya venía con un importante retraso de dos años".
Dueñas indicó que son muy pocas comunidades autónomas las que se han adherido a la Sociedad de Alquiler, "y en ninguna se ha producido la situación de supeditarlo al convenio de alquiler": Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Asturias.
"Si este es el compromiso del PSOE con Melilla, vamos listos", censuró la dirigente del PP, quien sostuvo que la SPA es un órgano "de dudosa eficacia", toda vez que "sólo ha movilizado el 0,1 por ciento de las viviendas desocupadas en España".
Sobre la adhesión de Ceuta a la citada Sociedad, opinó que la otra Ciudad Autónoma "puede hacer lo que estime oportuno".
Además, se refirió a la "última ocurrencia" de Trujillo, el portal en Internet de búsqueda de vivienda "kelifinder", que incluye una campaña publicitaria por la que se repartirán 10.000 zapatillas a jóvenes con las que "andar por toda la ciudad" para buscar vivienda en alquiler.
"Los jóvenes quieren viviendas, no zapatillas", ironizó Dueñas.
El acceso a una vivienda digna es uno de los asuntos que más preocupa a los ceutíes. El precio de la misma se ha disparado en los últimos años, lo que ha obligado a muchos ciudadanos a optar por las viviendas protegidas.
Según datos facilitados por la Empresa Municipal de Vivienda de Ceuta (Emvicesa) actualmente hay unas 2.000 personas esperando una VPO. Es por ello por lo que la denuncia del PSOE que advertía que algunas personas tenían hasta dos viviendas protegidas ha causado un profundo malestar entre los que llevan años esperando que les llegue su turno. Francisco Márquez, gerente de la empresa, asegura que no se puede hablar de una lista de espera propiamente dicha ya que el proceso de adjudicación de VPO no contempla esa posibilidad.
Sí existe una base de datos de demandatarios y es la Comisión Local de Vivienda la que establece los requisitos de adjudicación de cada promoción. Cuando se ofertan las viviendas dicha comisión barema y se adjudican las viviendas atendiendo a unos requisitos determinados.
La norma varía en cada promoción de vivienda y se establecen entonces unos máximos y unos mínimos. Además, tras la adjudicación de una VPO, se realiza un seguimiento y se vigila para evitar que se ponga a la venta. Según Francisco Márquez, gerente de Emvicesa, la próxima promoción de viviendas que se entregará será la de Villajovita. El proyecto de 60 VPO de promoción pública fue adjudicado en su momento a la de empresa Corsán-Corviam Construcción.
El Gobierno destinará a Ceuta, gracias al acuerdo sobre el Plan de Vivienda 2005-2008, un total de 6,5 millones de euros para que 815 familias puedan acceder a una familia. Ello supone un incremento del 32,67 por ciento respecto al antiguo Plan de Vivienda. Este fue el acuerdo al que llegaron la Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, hace poco más de un mes.
Posteriormente la Ciudad ofreció terreno al Ministerio para la construcción de otras 400 viviendas. La propuesta, presentada hace escasas fechas en Madrid por el gerente de Emvicesa, pasaba por liberar suelo en Huerta Téllez, Loma Colmenar y Benzú que tendría capacidad para levantar esos más de cuatro centenares de viviendas de protección oficial. La cifra a la que tienen que hacer frente ceutíes es 869,7 euros por metro cuadrado, casi 1.000 euros menos de lo que cuesta en el mercado libre una vivienda de nueva construcción (1.821,4 euros) y 566,8 euros menos de lo que vale una de segunda mano (1.436,5).
